EL CASO DE NOVONOR

 ACTORES POLÍTICOS QUE PASAN DESAPERCIBIDOS.


EL CASO DE NOVONOR


Cuando hablamos de actores en la política, automáticamente pensamos en los partidos

políticos o en movimientos regionales. Y es cierto que ambas instituciones son

fundamentales en dicha actividad. Pero hay otras instituciones que, directa o

indirectamente, actúan con una influencia que pasa desapercibida. Dentro de ellas

están los gremios, las fuerzas armadas y policiales, los medios de comunicación, y otros.

Todas ellas tienen poder, y la política es una actividad en la que se ejerce poder. Quienes

nos dedicamos a la actividad política debemos conocerlos, y tratar de que los objetivos de

cada institución se encaminen al logro del bien común, lo que no siempre sucede.

EL CASO NOVONOR

Por ello, como un ejemplo y para ejercitar la memoria política de la que carece la

mayoría de la población, recordamos en este boletín el caso de NOVONOR. El 95% de

peruanos no tienen idea de qué hay detrás de ese nombre, y sin embargo es una

institución que, al decir de un exministro en 2016, “saca y pone presidentes”. Que ha

llevado adelante por varios años una agenda de corrupción que figura entre las mayores

de nuestro país. Y que, a pesar de todo ello, sigue operando en el Perú. NOVONOR es el

nombre que a partir de diciembre de 2020 tiene la tristemente célebre Odebrecht.


Vale la pena recordarlo, pues los medios de comunicación y los operadores en redes

financiados por la empresa levantan permanentemente cortinas de humo para que

nos olvidemos de ella. La segunda, porque a pesar de haber confesado que sobornó a

muchísimos funcionarios, sigue presente en el Perú haciendo dinero con varios

proyectos, y muy probablemente siguiendo con su política de comprar abogados, fiscales,

periodistas y funcionarios.


En nuestro país los sobornos y la corrupción de Odebrecht hubiesen seguido

desapercibidos, de no ser porque en Brasil el 2014 saltó el “Caso Lava Jato”, y en

diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a Odebrecht a

pagar 3.500 millones de dólares, después de las confesiones de varios de sus directivos; y su

director general fue condenado a 19 años de cárcel en Brasil.

En nuestro país, pasado el escándalo inicial, Odebrecht (hoy NOVONOR) salió bien

librado; el equipo de fiscales (Vela y Pérez), fuera de protagonismo mediático no ha

logrado nada. Algunos piensan que hubo incompetencia, otros piensan que hubo favores

políticos, o prestaciones económicas. Se firmó un acuerdo de colaboración eficaz que,

increíblemente, permanece secreto. Tampoco se ha allanado los almacenes de

Polysistemas donde hay más de 20 millones de documentos sobre las transacciones de

Odebrecht. Por otro lado, recordemos que, por el acuerdo, solo se ha “investigado” cuatro

de los más de veinte proyectos que trabajó Odebrecht. Y de esos proyectos la empresa

corrupta con nuevo nombre sigue cobrando. E interviniendo en política, a través de

diversos funcionarios públicos y personajes mediáticos.

Cabe también señalar que Odebrecht no fue la única empresa brasileña corrupta, hubo

otras; y los socios peruanos compartieron ese modelo. Baste recordar a Graña y Montero

(rebautizado hoy como Aenza), cuyos principales accionistas son los dueños del Grupo El

Comercio; y los responsables de esa política de corrupción están libres en sus casas,

aludiendo una “colaboración eficaz” cuyos resultados no se conocen.



CÓMO TRATAR CON ESTOS ACTORES POLÍTICOS
Actores políticos como estas empresas van a haber siempre; quienes aspiramos a ser
gobierno tendremos que contar con ellas. Pero no de cualquier manera: siendo limpios
desde el gobierno nacional, regional, municipal, y exigiendo a las empresas que ellas
también lo sean. Hay tres palabras que deben guiar la actuación de un gobernante o
equipo de gobierno para el trato con los diversos actores políticos: honestidad,
transparencia y un rotundo no a la impunidad. Unidad Democrática de Centro se
compromete a ello: luchando hoy desde nuestra condición de ciudadanos, y más adelante
desde cargos públicos.

Por: David Torres Barreto


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